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Ángeles Cruz Martínez
 
Una de cada 10 muertes maternas ocurre a mujeres de 10 a 18 años de edad, un problema de salud pública grave que ha existido durante años y hasta hoy no existe una estrategia nacional para combatirlo. Por el contrario, sigue en aumento y, de acuerdo con información oficial, la mitad de las adolescentes que inicia vida sexual se embaraza. La causa está en el incumplimiento de la obligación del Estado a garantizar la educación sexual desde la infancia, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables y la carencia de leyes que protejan sus derechos, afirmó Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La activista presentó ayer la campaña Recupera una oportunidad, que busca hacer conciencia en la sociedad sobre la importancia de no permitir que se señale a los jóvenes como los responsables de los embarazos no deseados, o de abandonar la escuela, cuando la realidad es que la carencia de apoyo, acompañamiento y de alternativas diferentes de vida, explican esos problemas.

En conferencia de prensa, Tamés comentó que las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en que se encuentra la población de 10 a 19 años es algo que ninguna autoridad ha querido ver. Se conforman con hablar del tema sin plantear medidas concretas para mejorar la situación.

Además de la carencia de una política nacional efectiva de salud sexual y reproductiva que garantice el acceso a servicios médicos amigables, a la información confiable y a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, se agregan los rezagos en las leyes.

Es el caso de los códigos civiles de nueve entidades que autorizan los matrimonios a partir de los 14 años de edad en las mujeres y a los 16 en los hombres.

La directora de GIRE señaló que Naciones Unidas ha señalado a México, durante años, la necesidad de modificar los ordenamientos, a fin de que los matrimonios se autoricen sólo a partir de los 18 años para ambos sexos y de esa manera, contribuir a evitar el embarazo a temprana edad.

Mantener la posibilidad de que las niñas se puedan casar a los 14 años es un acto de discriminación y violación de sus derechos humanos, apuntó.

En México, 14 estados establecen la edad mínima de 18 años para casarse; en otros nueve, los respectivos códigos civiles fijan una edad mínima de 16 años para hombres y mujeres.

La Jornada, 05-12-2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/12/05/sociedad/045n2soc

 

Periodistas por el Respeto de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Juventud

Chiapas, Guerrero y Oaxaca, focos rojos

Especial
Por: Guadalupe Cruz Jaimes

Cimacnoticias | México, DF.- 15/10/2012

Las mujeres rurales enfrentan mayor rezago en el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Ejemplo de ello es que tienen más hijas e hijos que las habitantes de zonas urbanas, y más probabilidades de sufrir una muerte materna (MM).

Lo anterior se debe a su menor acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar, y al inicio temprano de su unión conyugal, refiere el documento “Mujeres y Hombres 2011- 2012”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El texto señala que también influyen la formación de estas mujeres y su condición económica, las cuales determinan “la apreciación que se tenga sobre las ventajas o desventajas de tener un cierto número de hijos”.

El análisis del Inegi indica que las diferencias en la fecundidad son evidentes cuando se compara a la población femenina según las características de su comunidad, ya que “conforme mayor sea el tamaño de localidad de residencia menor es la fecundidad”.

Así, en aquellas localidades con menos de 2 mil 500 habitantes (rurales), las mujeres tienen en promedio 2.9 hijos. En contraste, en las localidades de más de 100 mil habitantes (urbanas), la fecundidad se reduce a 2 descendientes por mujer.

La elevada tasa de fecundidad está relacionada con su menor acceso a anticonceptivos, ya que mientras las mujeres urbanas tienen una prevalencia del uso de métodos anticonceptivos de 75.1 por ciento, las habitantes de zonas rurales apenas alcanzan 63.7.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la prevalencia anticonceptiva en las habitantes del campo es semejante a la registrada por las mexicanas de las urbes en 1987, por lo que tienen un rezago de 22 años el uso de estos métodos.

La situación empeora si estas mujeres hablan alguna lengua indígena, ya que sólo 58.3 por ciento de ellas utiliza algún método de control natal.

Entidades federativas con alta población rural e indígena como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, registraron en 2009 una necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) de 22.6, 17.5 y 15.6 por ciento, respectivamente, tasas muy por encima de la media nacional, ubicada en 9.8 por ciento.

Estos estados también destacan entre los que concentran un mayor número de decesos ligados al embarazo, parto y puerperio.

Mientras en 2010 se registró una razón de muerte materna (RMM) de 51.5 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, Oaxaca superó el promedio en el país con 89 defunciones de este tipo, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Según estimaciones del sector salud, cuando las mujeres tienen más de cuatro hijos, como aún ocurre en comunidades rurales, aumenta 2.5 veces el riesgo de sufrir una MM.

12/GCJ/RMB

Cimacnoticias

15 de octubre de 2012

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61700

Periodistas por el Respeto de los Derechos Sexuales y reproductivos de la Juventud

Difunden autoridades información sobre derechos sexuales

Por: Aída Suárez Chávez, corresponsal

CIMAC | Pachuca.- 24/07/2012

Para contribuir a mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva e impulsar una vida libre de violencia a través del fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género entre indígenas de localidades de alta y muy alta marginación, se realiza el proyecto Atención Integral en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en Comunidades Indígenas de Municipios de Alta Marginación.

En él participan el Consejo Estatal de Población de Hidalgo (Coespo), en coordinación con la Secretaría de Salud estatal.

Esta capital estatal será sede en agosto próximo de la reunión de grupos técnicos interinstitucionales de los estados de Chiapas y Puebla, donde también se realiza el proyecto, además de Hidalgo.

Compartirán experiencias y el fortalecimiento de estrategias de intervención con el grupo técnico nacional integrado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y el Consejo Nacional de Población.

En Hidalgo durante dos años, informó el Coespo, se ha acudido a las comunidades de Pahuatlán (Huejutla), Ohuatipa e Ixtaczoquico (Xochiatipan), Tlalchiyahualica (Yahualica) y Ahuatitla (San Felipe Orizatlán), respectivamente.

Para 2012 la estrategia se ha desarrollado en la zona otomí-tepehua, entre la población indígena residente de las localidades de San Pablo, Tenango de Doria, San Andrés, en San Bartolo Tutotepec, y San Ambrosio en Huehuetla.

México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en América Latina entre los países con mayor número de pueblos indígenas. Casi 10 diez millones de personas residen en hogares indígenas, lo que representa cerca de 10 por ciento de la población total.

En Hidalgo en 2010, según el Coespo, había 2 millones 118 mil 200 personas que hablaban español y ninguna lengua indígena, y 369 mil 549 personas hablantes de una lengua indígena, quienes representaban 14.81 por ciento de la población hidalguense.

Más de 217 mil personas, de ellas 107 mil 533 hombres y 110 mil 320 mujeres, hablaban el náhuatl y residen principalmente en los municipios de Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica.

Las cifras del Coespo señalan que “el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años fue mayor entre las mujeres indígenas que hablan náhuatl que entre las no indígenas. Las primeras registraron 2.7 hijos nacidos vivos, mientras las no-indígenas 1.9″.

De entre las mujeres jóvenes indígenas de 15 a 19 años de Hidalgo, y que hablaban náhuatl, tenían al menos un hijo nacido vivo, es decir, el 16.1 por ciento.

Según se informó, se han realizado tres talleres sobre el ejercicio de los derechos en la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural y género, dirigidos al personal de salud de la región otomí-tepehua, y el taller de fortalecimiento en habilidades de promoción dirigido a promotores comunitarios y brigadistas de esta misma región.

Para las parteras tradicionales se ofreció un taller sobre la atención del parto limpio con enfoque intercultural y de género.

12/AS/RMB

Cimacnoticias

24 de julio de 2012

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61173

 

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